Inicio éramosmuchos…y pariólaabuela “CLAUSURAS” EN RESTAURANTES ¿NUEVA CACERIA DE BRUJAS? (3ª Parte)

“CLAUSURAS” EN RESTAURANTES ¿NUEVA CACERIA DE BRUJAS? (3ª Parte)

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Por: K´ema

En nuestras ediciones anteriores lanzamos una alerta por lo que consideramos una “nueva oleada de inspecciones en restaurantes” (que incluyen multas y clausuras), orquestada por muy diversas autoridades, argumentando infinidad de causas y pretextos, no siempre “legales”, sino como parte de una extrema “sobre-regulación” y un muy notable afán por utilizar a este sector como “vitrina” del supuesto buen trabajo de las autoridades y sus inspectores, lo que se traduce en una verdadera y nueva “cacería de brujas”.

Después de exponer varios casos de abusos contra restaurantes reportados por la prensa en distintas regiones del país, invitamos a nuestros lectores para denunciar (anónima o públicamente) este tipo de prácticas irregulares. Atendiendo esa invitación, en nuestra segunda parte relatamos el caso enviado por el restaurantero, Sr. Osvaldo Caldú (socio-director de los Restaurantes El Asado Argentino), que refleja el acoso, mala fe e impunidad con la que actúan algunos inspectores (y autoridades).

Para ese primer relato, nos basamos en la comunicación de fecha 27 de enero de 2017, suscrita por el Señor Caldú dirigida a la: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); Procurador Ernesto Nemer Alvarez, en donde denunció las irregularidades que padeció en visita de fecha 2 de junio del 2016 (que duró 5 horas), en la que le colocarían sellos de suspensión y a la postre una multa por $35,000.00, por las causas que como el mismo anunció a sus clientes: “… detectar 3 Coca Colas Zero de 237 ml., con fecha de consumo preferente al 10 de mayo del 2016 (que el mismo proveedor reconoce que NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD), así como vender ½ Ensalada con Aguacate, con el ánimo de dar un buen servicio al cliente y haberle agregado queso a una empanada de Humita a solicitud del cliente, ya que según los inspectores estos productos no figuraban específicamente en la carta…”.

Finalmente comentamos que aún sin resolverse el problema con PROFECO, pues en septiembre retiraron los sellos impuestos y en noviembre del 2016 notificaron la multa de $35,000.00 (impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo), cuando para el 29 de noviembre del 2016 “curiosamente” se presentó un Inspector de COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), con una nueva orden de inspección en contra del mismo Restaurante El Asado Argentino del Sur.

Dejemos que sean la Lic. Teresa Caballero Arvizu, Administradora de dicho lugar, por escrito de fecha 30 de noviembre del 2016 (día siguiente de la inspección) y el Sr. Osvaldo Caldú, por escrito de fecha 6 de diciembre del 2016, ambos dirigidos al Lic. Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal de la COFEPRIS, quienes narren su terrible experiencia.

VERIFICACION DE COFEPRISPRIMER ACTO

Es la Lic. Caballero Arvizu quien expone, “entre comillas y en letra cursiva”:

“El día 29 de Noviembre… se presentó en nuestras instalaciones el Arq. Carlos Celestino Villasana Juárez con un documento de la (COFEPRIS), en la cual dice que se realizará una verificación sanitaria sobre el cumplimiento de la Ley General para el control del tabaco, al presentarme con él… y dándole la explicación de que el representante legal no se encontraba en ese momento pero que con gusto yo lo atendería, el Sr. me contestó ¡Bueno! Pues no me gusta tratar con terceras personas, pero ¡¡bueno!! Ni modo, siéntese aquí me indicó, pateando la silla donde el pretendía que se le atendiera, por lo que contesté que no, que lo atendería en otra mesa, ya que esa mesa estaba reservada para nuestros clientes, el Sr. Carlos hizo una señal de enojo y dijo: “yo me puedo sentar donde se me dé la gana” por lo que lo volví a invitar a que se moviera de mesa “muy molesto” asistió a donde lo invité…

 Al entregarme el documento me percaté que no venía con la razón social correcta. Antes de que se lo hiciera saber, comenzó por empezar a decir: que encontraba muchas anomalías, que por lo pronto empezaría por clausurar algunas áreas, anexando algunas anécdotas, como: – no sé si conozca a X político yo le clausuré su negocio -; – conoce la mina de X persona, yo ahí estuve y se le llamó a la fuerza pública y no pudieron hacer nada -; pero yo quiero ser su amigo, yo no vengo en mal plan, yo quiero ayudarla, pero si se resiste se le puede llamar a la fuerza pública… Pero yo lo que quiero es ayudarla – quiero ser su amigo, y pone la mano sobre el hombro (mío); por lo que le contesté que no me tocara y que no me interesaba tener amigos como él y que hiciera su trabajo y empezara la verificación que si había alguna anomalía nosotros la atenderíamos, molesto y de una manera altanera y grosera me dijo – ¿ya checó la hoja? Pues léala…

 Le volvía a recalcar que empezara a hacer su trabajo… y me dijo ¡A si?!!!, pues usted así lo quiere, pues empezaré!… empezó con la verificación, haciéndome varios comentarios en el recorrido… cómo: – aquí faltan 5 señalamientos, aquí le faltan 4 señalamientos más, esta área se suspenderá, esta área también, ¡Yo creo que usted se está equivocando conmigo, yo ya le dije que no quiero perjudicarla, que quiero ser su amigo, pero a usted no sé qué le pasa¡¡??? Y sonreía de manera misógina…

 Yo seguía atendiéndolo con respeto… Regresamos a la mesa y me comenta ¿disculpe cuál es su área de fumar?; Contesté es esa – señalándole – y burlonamente me pregunta ¿cuántos años tienes de experiencia? Respondí 18 años. Y burlonamente me dice yo tengo 25 y no sabes responder como se debe, qué clase de persona eres y suelta una carcajada, a lo que reaccioné y le dije que me tratara con mucho respeto, tal y como yo lo estaba tratando, que estaba abusando, y me contesta… no te pongas así yo soy tu amigo, y no quiero perjudicarte y comienza con sus anécdotas nuevamente acompañadas de amenazas…

 Sabes yo ayudé a X negocio y no pasó nada, yo podría también asesorarlos aquí, porque sería una lástima que este lugar se cerrara… Le respondí, usted haga su trabajo…  Cabe hacer mención que… ya tenía una hora atendiendo al Sr., sin lograr que el hiciera su trabajo… le dije que en este establecimiento cumplíamos con todo lo que la Ley marcaba y que si lo que pretendía era que se le diera dinero, pues había llegado al lugar menos indicado… en ese momento llegó el representante legal…

 Se lo presenté y le comenta machistamente e insultante hacia mi persona – ¡Sr. qué bueno que llegó ya que debería de fijarse qué clase de gente contrata, ya que esta Sra. solo trabaja para usted para meterlo en problemas!; ¡es una grosera!, mi jefe el Sr. Osvaldo con cara de incertidumbre y sin saber la manera tan misógina, machista, prepotente, insultante y acosadora, con la que el Sr. Carlos Celestino… me había tratado, comenzó a atender a esta persona”.

VERIFICACION DE COFEPRISSEGUNDO ACTO

Ahora es la voz del Sr. Caldú (nacido en Argentina y naturalizado mexicano), en escrito de fecha 6 de diciembre del 2016, dirigido al Lic. Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado de COFEPRIS, quien expone, “entre comillas y en letra cursiva”:

“De mi consideración: En mi carácter de representante legal… quiero hacer unos comentarios con respecto a la visita con número de orden… realizada por el Arq. Carlos Celestino Villasana Juárez. En primer lugar, avalo la carta de denuncia de la Lic. Teresa Caballero… el día 29 de noviembre… me encontré a la Lic. Caballero con el verificador Celestino, al cual me presenté… Subsecuentemente se me informó de la visita de verificación de COFEPRIS. Noté un clima muy tenso en la mesa. Nunca, en los 18 años trabajando con nosotros, noté a la Lic. Caballero tan enojada… casi no podía hablar de la indignación. Le comenté… que se relajara… (No tenía conocimiento de lo que la había llevado a ese estado…).

 Su verificador, en tono teatral y grandilocuente, me dice que él quiere tratar conmigo. En tono ofensivo se refirió a nuestra administradora como un tipo de persona que no deberíamos contratar. Continuó con un tono irrespetuoso, altanero e indignante, denostando a la Lic. Caballero… En lo personal, estaba desconcertado… Los invité a relajarse y que me explicaran el motivo del enojo del verificador. El manifestó que la licenciada lo ofendió porque le comentó que esta empresa no da dinero a los verificadores, y según el cínico, se sintió profundamente ofendido. Entonces le manifesté, que lo que le había transmitido… no era más que ponerlo al tanto de la filosofía de la empresa; que no hacemos tratos con extorsionadores, ni delincuentes, a los que consideramos traidores a México. Le tendí la mano y comenté que si él era una persona honrada, como yo, no tenía por qué darse por aludido…

 El proceso de verificación estuvo lleno de irregularidades: el Sr. Celestino se presentó en las puertas de acceso antes de la hora de apertura… Nuestro capitán quitó los candados y le dio acceso. El verificador pidió una mesa en la zona de fumadores, lo instalaron en el jardín en una mesa señalada como área de fumar… Inmediatamente, y en forma prepotente, le pide que le traigan al dueño. En consecuencia se pone a sus órdenes la Lic. Caballero… El inspector (según después me enteré por el informe de mis empleados… (se porta) prepotente e irrespetuoso y con una actitud misógina comenta: “no me gusta tratar con terceros”)… Se sentó y empezó a amenazar con una clausura…

 Nunca inicia la averiguación, ni pide testigos, pese a la insistencia de nuestro personal… Presenta una orden de revisión, y la licenciada Caballero inmediatamente se da cuenta que estaba mal elaborada: estaba dirigida a “El Asado Argentino”, que es parte de nuestro nombre comercial, pero no nuestra razón social. Evidentemente el nombre fue obtenido de la fachada. Desde ese momento supimos que la verificación era irregular… nunca presentó su identificación y manifiesta que la tiene en el auto. Posteriormente cambia de actitud y le dice a nuestra administradora que él viene para ayudar y que él quiere ser su amigo. Se toma el atrevimiento de ponerle una mano en el hombro… En un doble juego de presión, amenazas e intentos conciliadores, transcurre el tiempo…

 Me pide diversos documentos que ni siquiera en la chueca orden de inspección estaban señalados. Le respondo que no tengo que decirle si los tengo o no, ya que no son requeridos en el acta de verificación y que ésta no cumple con los requisitos. En ese momento saca otra acta de verificación con los mismos datos que la anterior, pero en donde debería estar la razón social dice simplemente “establecimiento”. Esta es más chueca que la otra… A estas alturas sabe que ya no trae uñas para amenazar…

 Entonces manifiesta que la ley de protección al fumador está muy mal hecha y es interpretativa; lo cual le da a él facultades para clausurar según su criterio… Creo que su afirmación es excesiva… Comenta que si él se va, regresarán sus compañeros, que son peores. Después continúa con una serie de bravuconadas tratando de intimidar, en un mecanismo de aprieta y afloja… evidentemente con la intención de inducir algún acuerdo… Como ejemplo de su blofeo intimidatorio, nos dijo que venía de clausurarle dos casinos al senador Beltrones… Le comenté al verificador, que acabábamos de pasar por una situación similar con PROFECO, de la cual nos estábamos defendiendo. Su respuesta fue, “Ah, esos sí son ladrones, pero no crea, a los verificadores no les queda ni el 20%, lo demás pasa para arriba”.

 Le sugerimos… que levantara el acta y nos dejara una copia, o que viniera otro día… Que sus amenazas no nos intimidaban, y que con nosotros, en lo particular, no habría ningún arreglo. El espíritu de esta empresa es cumplir con la ley…  Pero para que un restaurante funcione en esta ciudad… prácticamente se necesita una persona permanentemente resolviendo cuestiones administrativas de verificación o intentos de multas y pleitos en el tribunal… más cuando… dicen que la ley es interpretativa y discrecional, al criterio del verificador… Esto deja a las empresas… en indefensión, y víctimas de las amenazas de los miembros del “cártel de inspectores”, que recorren la industria cobrando derecho de piso…

 Pequeñas y medianas empresas son las mayores generadoras de fuentes de trabajo en este país… Víctimas del acoso de un sistema diseñado para la extorsión, en general el empresariado no denuncia, opta por la supervivencia, pero la cifra del número oculto de casos de corrupción, es enorme. Los empresarios desde el anonimato, reconocen el sistema de cuotas con los inspectores… Si el objeto de la verificación es el cumplimiento de la norma, el sistema como está instrumentado no funciona, porque de hecho, no se cumple la norma y esto se convierte en un gran negocio…

 Lic. Sánchez y Tépoz, este informe tal vez no prueba nada. Sin embargo, son las cosas que me hubiera gustado decirle, si hubiera tenido la oportunidad de una charla. Ante la imposibilidad de ello, recurro a este medio (escrito). Su verificador, en concreto, nunca pidió nada directamente, pero su estilo de “judicial madreador”: primero te amenazo en voz alta; después más bajito quiero ser tu amigo, quiero ayudarte, es muy común en el cártel de los inspectores y verificadores… Salen a la calle, toman los nombres de la publicidad de los negocios, para luego realizar las órdenes de revisión. Este verificador traía dos, por si no pega una, está la otra… Tener dos órdenes de verificación, para el mismo día, con la misma dirección y con razones sociales distintas, demuestran dolo. Nosotros estamos registrados ante COFEPRIS. La amenaza de traer fuerza pública y la negativa a iniciar el procedimiento… es un método burdo, que creemos no responde a las instrucciones de la COFEPRIS.

 La actitud machista y misógina con la que presionó a una mujer… es denigrante… Me preocupa mi empresa, me preocupa mucho más la seguridad laboral de mis trabajadores, pero sobre todo lo que más me preocupa es mi patria de adopción, México. Por este camino no tiene futuro… Los corruptos que traicionan a México, no tienen patria… Atentamente; Osvaldo Caldú Zataraín…”.

 EN MI OPINION…

RESPECTO LA INSPECCION DE PROFECO: que duró 5 horas y en donde, a decir del Sr. Caldú, los inspectores usaron un tono intimidatorio y la amenaza de “empapelar el establecimiento con sanciones”, aparentemente ante la negativa por llegar a un acuerdo extralegal y, lo que es peor, ante la evidencia de que todo lo verificado estaba en orden, optaron por “inventarse” dos supuestas irregularidades para cumplir sus amenazas de “sellos de suspensión” (retirados 9 meses después y los que fueron sustituidos por una multa de 35 mil pesos):

 La primera por (según los inspectores): “No exhibe el precio de algunos productos que ahí comercializa”. Por vender una empanada de humita, con un relleno de queso que solicitó un cliente, así como media orden de “ensalada mixta” con una orden adicional de aguacate, también a solicitud expresa de otro cliente (cuyos precios de ambos productos, en ordenes completas, también se encuentran exhibidos en la carta). La segunda por (tan o más ridícula que la primera): “Comercializa producto con fecha de caducidad (consumo preferente) vencidos”. Refiriéndose a tres “Coca-Cola Zero” en lata de 237 ml., cuya fecha de consumo preferente estaba marcada en marzo del 2016 (la inspección se hizo en enero del 2017).

Respecto a la primera “supuesta” irregularidad, no puedo más que manifestar asombro ante el absurdo, “ilegal” y estúpido argumento de los inspectores. Es tan endeble la acusación, que ni siquiera viene al caso intentar explicar su invalidez jurídica, un simple ejemplo me habrá de bastar para ilustrar la mala fe, dolo e inconsistencia de la misma.

Imaginemos una mercería que vende “listones” y “botones”. Su obligación, igual que la de cualquier giro mercantil es exhibir a la vista del público sus precios (Art. 7 Ley Federal de Protección al Consumidor), en este caso lo más usual es que el precio del listón se exhiba por metros y el de los botones por gramos o kilos. Ahora imaginemos que los inspectores multan ese negocio por haber vendido “½ metro de listón y 2 botones” ¿absurdo, no le parece?. Bueno pues es exactamente el mismo caso en este restaurante. No lo suspenden y multan por vender más caro, ni por no contar con listas de precios, sino por atender una solicitud de un cliente y darle exactamente lo que quiere consumir. Las combinaciones pueden ser infinitas, en un negocio y en el otro, ¿cuál es la diferencia (de hecho o legal)?.

Negar un servicio o un producto, eso sí podría ser grave; cobrar de más también. No, no y no, aceptar esta estupidez como una violación a la ley, es tanto como permitir que sean los inspectores o la PROFECO (quien multa al negocio) los que operen, dirijan, administren y/o fijen los precios o servicios de nuestros negocios.

En cuanto a la segunda “supuesta” violación, esto es, las latas de refresco encontradas con fecha de consumo preferente “supuestamente caducado o vencido” (según los inspectores), me voy a remitir a lo dicho por la propia PROFECO en su boletín electrónico denominado la “Brújula de compra” (www.profeco.gob.mx), de fecha 13 de agosto de 2007 (escrito por Giovanni Rueda y denominado “FECHAS DE CADUCIDAD Y CONSUMO PREFERENTE”), en el entendido de que la NOM-051-SCFI-1994 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados”, a que se alude en esa nota, fue sustituida por la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, y no tuvo cambios relevantes en cuanto a las definiciones y alcances de dichos términos. Dice la nota:

“LA DIFERENCIA (ENTRE CADUCIDAD Y CONSUMO PREFERENTE): Cuando los consumidores acuden a comprar… están al pendiente de revisar la fecha del empaque, aunque la mayoría de ellos no está consciente de la diferencia que existe entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, por lo que consideran que tienen el mismo significado, dijo a Brújula… la Q.F.B. Carolina Jaramillo, Directora Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la… (Cofepris).

Agregó que tanto la fecha de caducidad como la de consumo preferente indican la vida útil alimentaría de cada producto, pero tienen un significado distinto, el cual es importante conocer antes de realizar la compra.

La… NOM-051-SCFI-1994… las define de la siguiente manera (cito aquí las definiciones de la NOM 2010 vigente):

3.22 Fecha de caducidad: Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse.

3.23 Fecha de consumo preferente: Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el periodo durante el cual el producto preenvasado mantiene las cualidades específicas que se le atribuyen tácita o explícitamente, pero después de la cual el producto preenvasado puede ser consumido.

… cuando se comercializan productos con fecha de caducidad vencida Profeco procede a la inmovilización de estos productos, evitando su comercialización, en virtud de que representan un riesgo a la salud de los consumidores… De lo contrario el establecimiento estará incurriendo en una infracción al Reglamento de Control Sanitario de la Secretaría de Salud… El artículo 21 de este reglamento advierte que no se podrán importar ni comercializar productos que presenten fecha de caducidad vencida…”.

Ahora bien, el artículo aludido del Reglamento de Control Sanitario de la Secretaría de Salud, expresamente señala: ARTICULO 21. No se podrán importar ni comercializar productos que presenten fecha de caducidad vencida. La Secretaría determinará el destino de los productos que se aseguren a través de un dictamen por escrito.

Queda mucho más que claro en este caso en específico, que los Inspectores que son o debieran ser expertos en la materia (y la propia PROFECO que convalida los argumentos de estos), de manera ilegal y arbitraria, consideran que es lo mismo caducidad y fecha de consumo preferente, cuando la ley es clara respecto a sus diferencias: Lo caduco no debe comercializarse ni consumirse y está sujeto a ser “asegurado”; El consumo preferente es sólo un referente de ciertas cualidades que puede perder un producto después de esa fecha preferente, sin que exista riesgo en su consumo después de dicha fecha.

El aseguramiento de mercancías y la prohibición de venta, lo dice claramente la ley, es únicamente para productos caducos. El refresco enlatado no caduca. La “mala fe”, no sólo se da cuando los inspectores en el propio sello de suspensión refieren como sinónimos ambos términos (“… fecha de caducidad (consumo preferente) vencidos”), sino cuando la autoridad, en el colmo de los colmos, confirma este absurdo e ilegal argumento y multa al establecimiento.

RESPECTO LA INSPECCION DE COFEPRIS: poco se puede agregar a lo expuesto en las denuncias antes transcritas, pues en ellas se pone de manifiesto tanto la ilegalidad de la o “las” órdenes de visita, así como la prepotencia y los actos intimidatorios con tintes de extorsión que padecieron, por un elemento de lo que el Sr. Caldú ha denominado “el cártel de los inspectores”, quienes no se cansan de amenazar, atosigar, corromper y/o castigar a miles de negocios restauranteros formales en el país (legales y que pagan impuestos), los que están más preocupados por cumplir la ley, tener todos sus permisos en orden, recibir, contener y sufrir infinidad de inspecciones, que en atender sus propios negocios.

No escapa de este análisis el terrible agravio que implican las acciones discriminatorias, machistas y misóginas con que, a decir de los escritos referidos, se condujo el Inspector Arq. Carlos Villasana Juárez ante la Lic. Teresa Caballero Arvizu, lo que por sí mismo debiera implicar una investigación de oficio por parte de la CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

Estoy seguro que al referir ambos relatos, muchos de Ustedes (nuestros lectores) se habrán de ver reflejados y retratados como víctimas de este tipo de prácticas abusivas y persecutorias, que encuentran un gran caldo de cultivo en la pasividad con que los órganos de representación empresarial (léase CANIRAC), han permitido la “sobre-regulación” que afecta a los restaurantes.

No le falta razón al Sr. Caldú cuando afirma que se requiere una persona de tiempo completo en cada restaurante, experta en tramitología, permisos y autorizaciones, para intentar cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se les imponen a estos negocios para operar con legalidad, así como otra que pueda estar atendiendo visitas e inspecciones, quienes además de “lidiar” con estos oscuros personajes, deben de ser más doctos (instruidos) que ellos para evitar ser sorprendidos con disposiciones ambiguas, discrecionales, interpretativas, caprichosas o absurdas.

Las reglas no son parejas para todos: existen millones de negocios informales (ambulantes) de comida que operan en la completa anarquía, sin pagar impuestos y sin cumplir ni un solo reglamento o ley; millones de negocios de otros giros mercantiles (talleres de autos, consultorios, estéticas, etc.), que siendo formales, pueden operar bajo un mínimo de reglas (o ninguna) y no están expuestos a esta exposición pública (cacería de brujas), pues no representan un escaparte sensacionalista como un restaurante; también existen miles de restaurantes, que ante el riesgo inminente de ser constantemente multados o clausurados, con el consecuente daño económico que eso implica, han optado por ser rehenes de los inquisidores, destinando una cuota fija para no ser molestados, con lo que además se evitan cumplir con decenas o cientos de requisitos.

Resulta increíble ver en una misma calle, un restaurante con una infraestructura adecuada para operar lo más legalmente posible “clausurado”, por ejemplo, por no cumplir con la Ley de fumadores, y junto a éste ver otros que a todas luces no cumplen con un mínimo de normas, abiertos y operando con toda tranquilidad y sin que nadie los moleste. Lo evidente es: unos pagan la “cuota”; otros no la pagan. Le ley, la seguridad, la norma, los clientes, la salud… es lo de menos.

Los casos expuestos por el Sr. Caldú aún no concluyen (el de Profeco en tribunales; el de Cofepris sin respuesta, en ambos casos, el daño está hecho, pues ya generó gastos de abogados y daño a la imagen del negocio. El ha llevado su caso incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante el ¿qué hacemos? de miles de restauranteros en el país, la respuesta es: denunciar, oponerse y unirse, incluso exigiendo o rebasando a sus representantes empresariales, para insistir que: cese este acoso (cacería); cese la sobre-regulación que pesa sobre este sector; se reconozca a la restaurantería formal, como un sector primordial para la economía nacional, que genera empleos y turismo, que es estratégico para el sector alimentario y que contribuye al sano esparcimiento de las personas.

Cualquier comentario, sugerencia o experiencia lo recibiremos en: revista@dir-ayb.com.mx.

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